El combate al tráfico ilegal de combustibles ha dejado una estela de violencia y sospechas que ya suma siete muertes de marinos y funcionarios federales ligados a aduanas y a la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso más reciente fue reportado ayer por la Secretaría de Marina (Semar): el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga murió en un supuesto accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. Exsubadministrador de Operación Aduanera en Manzanillo, Colima, Del Ángel Zúñiga se suma a la lista de víctimas relacionadas con operaciones contra el contrabando de combustible.
Horas antes, en Altamira, Tamaulipas, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria, fue encontrado sin vida en su oficina en lo que las autoridades describieron como un aparente suicidio. Su nombre había salido a la luz en investigaciones por presuntos sobornos vinculados a cargamentos de hidrocarburos.
Estos casos no son aislados. Desde 2023 se acumulan muertes violentas de mandos navales y funcionarios de aduanas:
- Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, asesinado semanas después de asumir la administración de la aduana de Manzanillo.
- Fernando Rubén Guerrero Alcántar, contralmirante y director de Recaudación de Aduanas, ejecutado en noviembre.
- Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la FGR en Colima, asesinada en octubre de 2024.
- Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, vinculado a un decomiso de dos millones de litros de hidrocarburo.
- Carlos Narváez Romero, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas, asesinado en 2024 en la Ciudad de México.
La mayoría de los nombres aparecen ligados al puerto de Manzanillo, punto neurálgico en la entrada de combustibles y también en la lucha contra el tráfico de drogas como el fentanilo.
La reiterada violencia ha destapado señalamientos de corrupción dentro de aduanas y posibles redes de protección al contrabando de hidrocarburos. Las muertes, lejos de cerrar casos, han incrementado la sospecha de que existe una guerra interna en torno al huachicol fiscal, que golpea tanto a instituciones como a comunidades portuarias.